Protección de Datos y e-Administración

Creo que hay un «gran olvidado» en el tratamiento de los temas relacionados con la Administración Electrónica: la Protección de Datos. En más de una ocasión he hecho referencia a la Ley 15/99, pero siempre de pasada y quizás haya llegado la hora de prestarle la debida atención.

En la decisión de dedicar un post a la Protección de Datos ha influido también la última edición de Infoc@ldero, una simpática iniciativa del Ayuntamiento de El Campello y, en particular, de los técnicos informáticos de la Concejalía de Nuevas Tecnologías. Es mérito de estos últimos si, después de las reflexiones profesionales, hemos podido charlar distendidamente de lo divino y de lo humano y hasta de la vida diaria de los Ayuntamientos.

En su 8ª edición que se ha celebrado el pasado 28 de noviembre, he tenido la ocasión de charlar muy rápidamente  (¡una vez más!) sobre la LOPD. El público, constituido casi exclusivamente por técnicos informáticos de la Provincia de Alicante, no creo que deseara una ponencia sobre las interpretaciones legales de la Ley 15/1999, ni de su Reglamento de Desarrollo, así que he optado por describir la situación actual de las Administraciones Locales a través de mi experiencia profesional y haciendo algunas preguntas (¿malintencionadas?).

Las respuestas recibidas han reforzado lo que yo he estado observando a lo largo de los últimos años. Cuando he preguntado a los casi 100 asistentes cuántos habían superado la Auditoría en materia de Protección de Datos en los últimos dos años, sólo se han levantado tímidamente unas 5 manos (y soy generoso).

El resultado es, francamente, descorazonador. A ver si en este blog tengo un resultado más alentador con esta encuesta (por cierto, a través de ella no se recaban datos personales):

¿Cómo es posible que los Ayuntamientos se estén preguntando qué hacer en materia de Administración Electrónica, si no saben cuál es el punto de partida? Además de ser un deber legal, la Auditoría sirve también para saber dónde y cómo estamos. Sólo así, sabremos hacia dónde dirigirnos.

Además, la Ley 11/2007 está repleta de referencias a la importancia de la LOPD para los proyectos de e-Administración. Sin contar con la Exposición de Motivos, he contado por lo menos 10 artículos que obligan a observar los principios de la LOPD en los procesos de modernización (o como se les quiera llamar) de las Adminsitraciones Públicas.

Estando así las cosas, casi es preferible no tener herramientas que permitan un rápido y eficaz tratamiento de los datos de los ciudadanos (que son los que conforman la inmensa mayoría de los expedientes administrativos), si estas herramientas no respetan los principios previstos en el art. 18 de la Constitución.

En todo caso, en algún descanso del estudio del SIGEM, me pondré manos a la obra para ver algunos aspectos de la LOPD que afectan de lleno a la implantación y al desarrollo de la Administración Electrónica.

Vídeo vs «bideos»: lucha sin cuartel

Off-topic sobre vídeo, brecha digital-cultural, errores ortográficos y nuevas generaciones.

Un poco cansado de ser el blog donde van a parar las dos personas que todos los días buscan en Google «bídeos deseso» y «bídeos porno«, me predispongo hoy a dar publicidad a otro vídeo realizado por el Ministerio de Trabajo francés. Por cierto, señores, o aprenden a escribir correctamente, o no encontrarán nunca los vídeos que tan ansiosamente desean ver.

El vídeo del hoy aletra los padres sobre los peligros de Internet y lo hace de manera simpática.

Frente a estas iniciativas gubernamentales, basadas en las mejores de las intenciones, siempre siento un poco de preocupación. Nunca sé dónde acaba el deber del Estado de proteger a sus ciudadanos, y donde empieza la responsabilidad de los padres de hacer de padres.

Parece que en Internet sólo hay peligros (o que los peligros son mayores que las bondades), asechando a los niños y, por lo tanto, los padres deberían de tener una actitud un poco más restrictiva que la que tiene la madre del vídeo.

¿Cuál es el papel de los padres en su relación con unos adolescentes que, cuando nacieron, ya oían desde la cuna el ruído del módem de 56k, con conexión telefónica?

¿Qué debe hacer la Adminsitración? ¿Gastar dinero público en estas campañas o invertirlo en la educación sobre «cómo enfrentarse al peligro (incluso el cibernético)?

Más vídeos, pero esta vez, de Protección de Datos

Este vídeo es muy interesante. En muchos casos, me he sentido identificado con uno de los personajes (el de la camisa blanca), intentando explicar la importancia de la Protección de Datos de Carácter Personal en algunas charlas y conferencias.

Los protagonistas de la historia pertenecen a una empresa privada pero, en mi experiencia, puedo asegurar que los funcionarios y el personal laboral de algunas administraciones locales lo hacen hasta peor.

La única pega de este vídeo es que dura 22 minutos. En todo caso, me parece una muy buena inversión de tiempo para la formación, sobre una materia tan importante como la Protección de Datos.

Dudo que algún jefe sea tan estúpido como para no entender la importancia de estos 22 minutos y «cortaros» la visión.

Este vídeo es una iniciativa de la Agencia Vasca de Protección de Datos, que ha adaptado al castellano y al euskera un vídeo de su homóloga inglesa. El Departamento de Formación, Información y Documentación de la Agencia Vasca invita a la mayor difusión de este vídeo, cosa que se hace, con mucho gusto, desde este blog.

Para que quede claro

Este blogger está con Obama.

Asuntos pendientes

En un anterior post, me había comprometido a realizar un resumen de lo acontecido en la última conferencia del SICARM sobre los retos de la Administración Electrónica. Culpa del tiempo, de las cargas de trabajo o de las excusas más socorridas, pues, no he podido complir con mi promesa.

Afortunadamente, la organización del certamen ha puesto a disposición de todos, las grabaciones de las intervenciones de los ponentes. Así que, por lo menos, mi función es la de hacer de puente desde aquí para los que puedan estar interesados en estas interesantes aportaciones.

Otro de los asuntos pendientes es la descripción de cómo funciona el SIGEM, el famoso gestor documental para las Administraciones Públicas. Esta vez la culpa no es mía (o no del todo), si no que existe un preocupante retraso por parte de las autoridades competentes en poner en marcha el proyecto.

Además, siento la obligación de dar algunas respuestas sobre este software a los que, por lo que me dicen mis estadísticas, buscan información en Google y que aterrizan en este blog, sin poder encontrar nada interesante.

En todo caso, a finales de mayo de este año, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha puesto a disposición de los interesados el software en cuestión, sin, por otro lado, aclarar cuándo se pondrá en marcha, si existe un centro que coordine y recoja las mejoras realizadas por parte de las entidades locales y, en resumidas cuentas, sin dar un claro empujón a esta interesante iniciativa.

Y no sé qué es peor: si no apoyar este proyecto o apoyarlo a medias, o tímidamente. Intentaré explicarme:

El Ministerio de Industria ha puesto a disposición un link para la descarga de la Documentación oficial (casi 400 megas, aviso) sobre el uso y funcionamiento de esta aplicación. Eso parecería indicar que se quiere dar difusión a la herramienta, para que las Administraciones Públicas hagan los deberes y estudien estos manuales.

Ahora bien, si se ha hecho todo este trabajo, ¿qué cuesta hacer una rueda de prensa y anunciar urbi et orbi que ésta es la herramienta (gratuita, recordémolo) para que se cumplan los plazos previstos en la Ley 11/2007? ¿Es secretismo o yo me he perdido algo en estos dos meses?

Hasta tal punto es sospechoso el secretismo que, aun teniendo los links para la descarga del software y de su código fuente, no me atrevo a publicarlo, no vaya a ser que no se puede/debe. De hecho, leyendo la letra pequeña de las condiciones para la correcta descarga del software, aparece lo siguiente:

«la utilización de este software está restringido a las Entidades Locales, en el ámbito de sus competencias legalmente establecidas y con la finalidad de utilidad pública e interés social«.

¿Existirá entonces una prohibición para los que simplemente quieren estudiarlo? En la duda, me abstengo.

Mirando el lado positivo, por lo menos tendré algo que leer bajo la sombrilla. Conforme vaya avanzando en la lectura de toda la documentación, prometo dar parte, si la Administración no me dice lo contrario.

Desviaciones

Esta vez, permitidme no hablar de Administración Electrónica, pero creo que la ocasión lo merece.

Soy italiano y, desde España, sigo interesándome por lo que pasa ahí. A pesar de tener una de las legislaciones más interesantes en materia de Administración Electrónica, esta vez toca hablar no de las novedades legislativas si no de los representantes políticos y empezar a pedir disculpas. Me temo que, en los próximos cinco años, estas disculpas se tendrán que repetir alguna que otra vez.

No se trata de ver si el Gobierno español es o no «demasiado rosa«, si no subrayar el más completo menosprecio de las instituciones de un país europeo como el español, por parte del próximo Primer Ministro italiano. De nuevo, disculpas.

Tampoco se trata de analizar las palabras y su contexto: su simple sonrisa beffarda ha traicionado su verdadera intención, que no es otra que la de menospreciar la presencia de las mujeres en la política.

Mejor será dar la bienvenida al mundo del blog a María Santa, que esperemos se una a las filas de los interesados en la e-Administración.

Los costes de implantación de e-Administración – 1ª Parte

Ya ha empezado la cuenta atrás para el próximo 1 de enero de 2010, momento en el cual las Administraciones Públicas ya tendrán todos los trámites administrativos disponibles para que el ciudadano acceda a ellos a través de canales electrónicos.

La cuenta atrás está emparejada con la creciente preocupación por los costes de implantación de la e-Administración. Hasta hay algún responsable político que se pregunta «¿Cuándo vamos a recuperar la inversión realizada?». Es decir, ¿cuándo se verá recompensado el esfuerzo económico de las Administraciones?

Planteo aquí tres escenarios, con pequeños (y mal dibujados) esquemas que espero ilustren la situación.

Escenario Hipotético (PowerPoint)

Tenemos un flujo de inversiones de las Adminsitraciones Públicas que, al calor de las exigencias de la Ley 11/2007, se incrementa rápidamente, para después decrecer paultainamente con el tiempo. Los fondos públicos no son ilimitados y, tarde o temprano, bajarán para destinarse a otras prioridades.

También tenemos una línea que representa la productividad de la Administración Pública. En este escenario hipotético, asumimos que los trabajadores van aprendiendo, desde cero, a usar las nuevas herramientas a un ritmo constante.

También tenemos un área (mal) dibujada en rojo, que indica los momentos de déficit, en los cuales las inversiones realizadas son superiores a la productividad aportada.

En el punto en el que se encuentran la línea de las inversiones con la de productividad, empieza el momento en el cual la Administración habrá recuperado su inversión y la productividad de su organización dará un mejor servicio a los ciudadanos. A partir de ahí, el esfuerzo habrá valido la pena, incluso desde un punto de vista económico.

Hay muchos «peros» en este esquema. Pero confío en la paciencia de los lectores para ir analizándolos de uno en uno.

Para empezar: ¿cuándo de cruzarán las dos líneas? Pues, dependerá, evidentemente, de las pendientes de las dos curvas. Quizás, la de la inversión sea más fácil de calcular, ya que bastará con ver las previsiones de gasto que las Administraciones Públicas tienen para la implantación de la e-Administración.

¿Y la curva de la productividad? No tengo una respuesta clara, pero sí puedo identificar algunos de los factores que pueden incrementar esta pendiente: formación, capacitación y apertura a la mentalidad de cambios. No hay que olvidar que el ciudadano exige el Acceso a la e-Administración (es su derecho), así que mejor será ponerse a ello.

¿e-Ciudadanos de «segunda»?

Los proyectos de implantación de e-Administración deberían centrarse en ser útiles para los ciudadanos. No plantear estos proyectos con este enfoque puede llevar a errores que pueden tener consecuencias nefastas para las partes involucradas.

A este respecto, hay que reconocer que tampoco la Ley 11/2007, en su artículo 13, sobre las Formas de identificación y autenticación de las partes que intervienen en las tramitaciones administrativas, ha resuelto con claridad algunos problemas.

Es más, por lo menos en un caso, esta ley abre una peligrosa brecha digital, que podría hasta incrementarse con el paso del tiempo.

Analizando más detenidamente este artículo, se puede ver cómo se concede a los ciudadanos tres vías para relacionarse con las Administraciones Públicas; esto es:

e-DNI

e-firma reconocida

claves concertadas entre administrado y Administración

En el caso del DNI electrónico, nos encontramos con graves problemas a la hora de utilizarlo como herramienta que identifique y autentifique al ciudadano frente a una Administración Pública.

Para empezar, su difusión, de momento, es muy limitada. Es evidente el esfuerzo por parte de la Administración de difundir esta herramienta, pero es a todas luces insuficiente y obliga a los ciudadanos a las colas de siempre.

En segundo lugar, el e-dni necesitará un lector de tarjetas, bastante difundido en todos los ordenadores de las últimas generaciones y esto parece disminuir los riesgos de exclusión de los ciudadanos por carecer de la tecnología adecuada.

Un tercer y último apunte técnico es que no todos los navegadores actualmente utilizados por los usuarios pueden incorporar el sistema de firma electrónica incorporado en el e-DNI (se queda fuera el Opera). ¿Habrá sido considerado como demasiado minoritario, como para incluirlo entre los navegadores que suporten el e-DNI?

El problema mayor es, en realidad, a mi manera de ver, la exclusión por ley de todos los ciudadanos extranjeros que residen legalmente en España.

Estamos hablando de más de 3 millones de personas que residen habitualmente en España, pagan sus impuestos y necesitan, como los españoles, solicitar, por ejemplo, una licencia de vado al Ayuntamiento donde residen o trabajan.

La Ley 11/2007 ha perdido, en este caso, una gran oportunidad de fomentar la integración social a través de una herramienta informática de trascendental importancia en las relaciones entre administrado y Administración.

¿Estaremos creando e-Ciudadanos de segunda clase? Los costes de implantar también los e-NIE eran demasiado altos? O, simplemente, el legislador se ha olvidado de los extranjeros?