Los costes de implantación de e-Administración – 3ª Parte

Toca ahora analizar el Escenario Pesimista, en el cual se presenta uno de los posibles (y no deseables) casos en los que los coste de implantación de la e-Administración pueden acarrear serios problemas a sus responsables.

Escenario-pesimista.ppt

Tenemos, como en los casos anteriores, nuestra curva descendiente de inversiones, a la cual, esta vez, deberemos de prestar más atención. Pongamos que, en principio, se mantiene como en los demás casos.

Aquí, lo que varía es el desarrollo de la productividad de la Administración. En este escenario pesimista, la productividad no arranca de cero, pero disminuye en las primeras fases de la implantación de la e-Administración. Además, esta disminución coincide en el tiempo con las fases de inversión más abundantes. Entonces, ¿por qué motivo se agranda el área roja del déficit?

La productividad puede bajar, especie en las primeras fases, porque los funcionarios deben hacer frente a sus cotidianas tareas, al mismo tiempo que participan de las primeras fases de implantación de la e-Administración. Desde luego, no se podrán multiplicar en sus funciones. Ya nos gustaría que estuvieran en dos lugares al mismo tiempo, y realizando dos tareas, pero es obviamente imposible. Así que, necesariamente, deberán desatender una de las tareas: o el día a día, o dedicarse a aprender a usar las herramientas del nuevo entorno tecnológico.

Se dirá que estas tareas pueden coexistir. Cierto, pero la dinámica real, del día a día, indudablemente se verá afectada.

Es esta una fase muy delicada, en la cual se deberá contar, y mucho, sobre las capacidades y el sacrificio de los funcionarios. Si no contamos con ello, lo más seguro es que no saldremos nunca del área roja.

Explicado porque la productividad puede bajar justo cuando más altas son las inversiones, ¿por qué tenemos que mirar a estas últimas? ¿No habíamos quedado en que éstas, aunque menguantes con el paso del tiempo, iban a estar claramente definidas?

Pues, la experiencia nos dice que no es así. Como en todos los casos de inversiones tecnológicas, si el momento de la inversión más alta coincide a lo largo de demasiado tiempo con la bajada de la productividad (indicado en el gráfico, por una línea azul), empezarán las quejas de los participantes en este cambio.

«Se estaba mejor antes», «Tanto dinero invertido y la situación está peor», etc. Estos comentarios (entre los ciudadanos, los funcionarios, los responsables políticos) pueden afectar a las decisiones de las inversiones y hacer que la curva verde descienda con una pendiente más inclinada de la que aparece indicada en el esquema.

La frustración generada por los proyectos de implantación de e-Administración que no van a buen fin, a parte de hacer que la productividad aumente de manera más lenta, puede hacer replantear las inversiones y hasta paralizarlas. En este caso, la línea verde no llegará a acotar el área roja de déficit. En este escenario catastrófico Escenario-catastrofico.ppt nos tendremos que rendir y aceptar el fracaso del proyecto.

Es por eso que hay que aceptar esta eventualidad y estar siempre atentos a los indicadores de alerta. Tenemos la seguridad de que no todos los procesos de implantación llegarán a buen fin, pero siempre podremos minimizar los daños. Desde luego, un escenario pesimista será siempre mejor que un escenario catastrófico.

Los costes de implantación de e-Administración – 2ª Parte

Para intentar afinar un poco más la puntería, quizás sea mejor plantear otros dos posibles escenarios, para analizar los costes de implantación de la e-Administración.

Al lado de un escenario hipotético, planteamos otras dos posibles alternativas, una optimista y otra pesimista.

En el Escenario Optimista (escenario-optimista.ppt), lo que de verdad cuenta es la figura que indica la productividad. Ésta no arranca de cero, ya que los funcionarios poseen una serie de conocimientos y habilidades que les permite adecuarse rápidamente (prácticamente, desde el momento 0) a las nuevas herramientas, necesarias para la e-Administración (gestor documental, firma electrónica, nuevos procesos administrativos, etc.).

De esta forma, el momento del encuentro entre las inversiones realizadas por la Administración y su rentabilidad económica se realizará antes y disminuiremos el área roja.

Los «peros«: ¿está el cuerpo de los funcionarios, en todos los ámbitos, en condiciones de adecuarse desde el principio a esta nueva realidad? ¿Serán las herramientas a disposición de los funcionarios las más adecuadas para hacer más ágiles los trámites administrativos? ¿Alguien ha preguntado a los funcionarios su opinión?

Los costes de implantación de e-Administración – 1ª Parte

Ya ha empezado la cuenta atrás para el próximo 1 de enero de 2010, momento en el cual las Administraciones Públicas ya tendrán todos los trámites administrativos disponibles para que el ciudadano acceda a ellos a través de canales electrónicos.

La cuenta atrás está emparejada con la creciente preocupación por los costes de implantación de la e-Administración. Hasta hay algún responsable político que se pregunta «¿Cuándo vamos a recuperar la inversión realizada?». Es decir, ¿cuándo se verá recompensado el esfuerzo económico de las Administraciones?

Planteo aquí tres escenarios, con pequeños (y mal dibujados) esquemas que espero ilustren la situación.

Escenario Hipotético (PowerPoint)

Tenemos un flujo de inversiones de las Adminsitraciones Públicas que, al calor de las exigencias de la Ley 11/2007, se incrementa rápidamente, para después decrecer paultainamente con el tiempo. Los fondos públicos no son ilimitados y, tarde o temprano, bajarán para destinarse a otras prioridades.

También tenemos una línea que representa la productividad de la Administración Pública. En este escenario hipotético, asumimos que los trabajadores van aprendiendo, desde cero, a usar las nuevas herramientas a un ritmo constante.

También tenemos un área (mal) dibujada en rojo, que indica los momentos de déficit, en los cuales las inversiones realizadas son superiores a la productividad aportada.

En el punto en el que se encuentran la línea de las inversiones con la de productividad, empieza el momento en el cual la Administración habrá recuperado su inversión y la productividad de su organización dará un mejor servicio a los ciudadanos. A partir de ahí, el esfuerzo habrá valido la pena, incluso desde un punto de vista económico.

Hay muchos «peros» en este esquema. Pero confío en la paciencia de los lectores para ir analizándolos de uno en uno.

Para empezar: ¿cuándo de cruzarán las dos líneas? Pues, dependerá, evidentemente, de las pendientes de las dos curvas. Quizás, la de la inversión sea más fácil de calcular, ya que bastará con ver las previsiones de gasto que las Administraciones Públicas tienen para la implantación de la e-Administración.

¿Y la curva de la productividad? No tengo una respuesta clara, pero sí puedo identificar algunos de los factores que pueden incrementar esta pendiente: formación, capacitación y apertura a la mentalidad de cambios. No hay que olvidar que el ciudadano exige el Acceso a la e-Administración (es su derecho), así que mejor será ponerse a ello.

El art. 13 de la Ley 11/2007 – 4ª Parte

Bien, ahora conocemos algunos de los pro y contra de las distintas formas de identificar y autenticar los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Electrónicas.

Pero ¿cómo sabemos que el portal que estamos visitando es de verdad el portal de mi Ayuntamiento? ¿No estaremos dando nuestros datos a un impostor, que aprovechará nuestros datos para perjudicarnos?

Para intentar dar una respuesta a estos temores, nada infundados, el art. 13.3 de la Ley 11/2007, elenca una serie de medidas que permitirán que los portales de la Administración nos digan quiénes son y nosotros, los usuarios, nos podremos fiar.

Sin entrar en consideraciones de carácter técnico, que no están a mi alcance, podríamos decir que una Web de una Administración es la que dice ser si, pinchando en el icono del candado que aparece abajo a la izquierda, nos aparece el certificado de seguridad que autentifica esa página.

Además, deberemos ir a verificar que el certificado que está asociado a la Web está todavía vigente.

Una vez más, toda seguridad aplicada a las relaciones entre Administraciones y ciudadanos, puede resultar inútil si no enseñamos a los usuarios a tomar las debidas precauciones y así verificar la identidad y autenticidad de las partes.

El art. 13 de la Ley 11/2007 – 3ª Parte

Seguimos con el análisis de cómo puede un ciudadano decirle a la Administración quién es y que ésta dé por válidos los documentos presentados por el ciudadano.

A parte del e-DNI y de las firmas electrónicas avanzadas, basadas en certificados electrónicos reconocidos, existe, según el art. 13.2.c de la Ley 11/2007 también la posibilidad utilizar claves concertadas entre el ciudadano y la Administración. Se trata, en sustancia, de que una Administración conceda a cada ciudadano un nombre de usuario, asociado a una contraseña.

Estas dos coordenadas se incluirán en un registro, mantenido por la Administración, que almacenará también una serie de informaciones conocidas por ambas partes.

Se trata, en este caso, de un sistema no criptográfico de identificación, sencillo, barato y … ¿seguro?

Pues, es evidente que el sistema es sencillo, muy parecido al sistema usado por las entidades financieras para permitir operar a sus clientes a través de la banca electrónica. La Administración sólo deberá mantener un registro con todas las coordenadas y asociar éstas a un listado de ciudadanos. De ahí, también el reducido coste económico.

Este sistema tiene a su favor también el hecho de que no introduce en las relaciones con los ciudadanos elementos nuevos (e-DNI, lectores de tarjetas, etc.) y que los ciudadanos pueden usar una herramienta cuya eficacia ya han podido comprobar en sus relaciones con los bancos. Indudablemente, este hecho aumentará la confianza entre los usuarios.

Además, hay que añadir que este sistema es tecnologícamente neutral. Quiero decir que, independientemente de la tecnología usada, tanto por el ciudadano como por la Adminsitración, se identifica fehacientemente a las partes.

¿Todo perfecto, entonces? Como siempre, hay barreras que pueden entorpecer este sistema.

Para empezar, la Administración tiene que mantener unos estándares de seguridad muy altos para con los registros que almacenan estas claves (usuario/contraseña). Una pérdida de estos datos pondrá al descubierto los datos de todos los administrados. Si pensamos a los recientes casos del Reino Unido, podemos entender fácilmente el riesgo que se corre.

He leído hace poco un refrán estadounidense que, traducido, sonaría más o menos: «La fama se te acerca a pié, pero se aleja a caballo«. Reconozco que la traducción no es muy feliz, pero da la idea de lo difícil que es generar la confianza y de lo fácil que es perderla.

Otro inconveniente es que, una vez más, obliga al ciudadano a desplazarse físicamente a cada Administración con la que quiere mantener contactos, para inscribirse en el registro y recibir su usuario y contraseña. Este inconveniente, en realidad, se puede trasformar en ventaja si la Adminsitración aprovecha el momento del registro para proceder a la formación de los ciudadanos, quizás entregando un pequeño manual, al estilo de «La Administración a su servicio: aprenda cómo«.

Queda el último, hasta la fecha, inconveniente, que es … el mismo ciudadano.

¿Cuántos de nosotros tenemos el mismo PIN para nuestras tarjetas de crédito? ¿Cuántos de nosotros cambiamos con regularidad las varias contraseñas que utilizamos decenas de veces al día? Pocos, ¿verdad?

Ahí está el peligro: que seamos nosotros, los ciudadanos, quienes descuidemos la seguridad en las relaciones con la Administración.

P.S. Parece que hay novedades sobre el SIGEM. Prometo avanzar más detalles en breve.

El art. 13 de la Ley 11/2007 – 2ª Parte

En este post intentaré seguir con los métodos para que los proyectos de implantación de e-Administración sean útiles para los ciudadanos.

¿Qué herramientas tenemos como ciudadanos para presentarnos delante de la Administración y que ésta nos reconozca?

Una de las maneras, analizadas en el anterior post, es el e-DNI, pero no es el único, ya que podremos usar «sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certficado electrónico reconocido, admitidos por las Administraciones Públicas» (Art. 13.2.b Ley 11/2007).

¿Es verdaderamente útil? Desde luego, esta opción tiene muchas ventajas, ya que cualquier ciudadano puede dirigirse a una autoridad certificadora y, sin costes, hacerse con una e-firma. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana existe una entidad pública que emite certificados de firma digital, admitidos por todas las administraciones públicas de la comunidad.

Y aquí está su ventaja y su posible desventaja. Quiero decir que el ciudadano puede tener este certificado, plenamente válido para poder realizar trámites administrativos ante las administraciones de su comunidad (la Valenciana, pongamos el caso), pero no serviría para presentar una instancia ante el Ministerio de Administraciones Públicas en Madrid.

De ahí el peligro de obligar al ciudadano a tener una serie de e-firmas, para relacionarse con las distintas administraciones. Y si da pereza proceder a cambios en las gestiones administrativas tradicionales, más nos dará si tendremos que hacernos con un arsenal de distintas firmas, recordar para qué administración es necesaria cada una de ellas, dónde guardarlas, etc.

Con eso no quiero decir que esta medida no sea buena (contrariamente a lo que expresaba en el caso de los e-DNI, que es claramente discriminatoria), si no que tendremos que acostumbrarnos a usar otro entorno; eso sí, dependeremos de la decisión unilateral de cada administración para saber si nos aceptan nuestra e-firma.